I. Los costos de transacción
Hace ya casi sesenta años, Ronald Coase revolucionaría el análisis económico del derecho al afirmar que, en la medida que los costos de transacción sean bajos o inexistentes y que los derechos de propiedad están claramente establecidos, se producirá una reasignación de estos derechos hacia aquellos que los valoran mas y nos acercaremos a una solución económica eficiente[1].
Aunque el llamado Teorema de Coase fue propuesto esencialmente para desmitificar las soluciones judiciales a externalidades producidas por los agentes económicos, el mismo ha servido para sentar las bases, en mi punto de vista, de la importancia del clima institucional de una sociedad dada a la hora de permitir el arreglo entre privados de problemas de carácter económico, sin recurrir a intromisiones estatales de ningún tipo.
Lamentablemente el Teorema es una utopía en la mayoría de los países del mundo atento que encontramos que en cada uno de ellos los costos de transacción no solo no son inexistentes sino que en muchos casos ellos son altísimos e incluso infinitos.
¿Pero que son los costos de transacción? No son otra cosa que el termómetro que nos permite evaluar el grado de desarrollo institucional que una sociedad ha adquirido en un momento y lugar determinados. Son las instituciones hechas efectos sobre los agentes económicos y sus intenciones de desenvolvimiento.
No debemos olvidarnos que la transacción, desde el punto de vista de la escuela institucional del análisis económico del derecho, es un elemento fundamental del proceso económico, y significa ni más ni menos que la voluntad ejercida por el individuo en pos de procurar sus objetivos particulares.
Es así que costos de transacción encontraremos siempre en todo momento y en todo lugar donde se generen actividades económicas y donde se establezcan mercados en los cuales la oferta y la demanda de bienes y servicios se encuentren en pos de beneficios propios. No es real la transacción libre de costos tanto en su elaboración, en su concreción y en su seguimiento, sino que todo trato comercial lleva consigo costos que pueden ser afrontados y en otros casos no. Dependerá, como veremos, de las instituciones existentes en la sociedad.
II. Las instituciones y los costos de transacción
Por ello es que las instituciones, que pueden verse como un “conjunto de normas”[2], son de vital importancia al momento de procurar el desarrollo de nuevas actividades mercantiles o simplemente en el armado de espacios de encuentro social para la concreción de fines determinados. No son otra cosa que las reglas del juego en una sociedad[3], son las limitaciones ideadas justamente por los representantes del pueblo mediante los órganos facultados para ello.
Las instituciones, por ende, reducen la incertidumbre de cada agente económico a la hora de evaluar la concreción de una inversión, de una compra o de cualquier acto de signifique un gasto o una pérdida monetaria.
En este sentido no podemos menos que afirmar que el ambiente institucional condiciona la actividad económica. Ello es así pues el marco institucional de una sociedad dada genera incentivos a los agentes económicos acordes con el grado de desarrollo de las instituciones pertinentes.
Por ello es que decimos que las instituciones condicionan la actividad económica de los individuos y de las empresas a la par que la misma actividad económica realimenta la necesidad de replantearse cambios en la estructura institucional de la sociedad. Es un juego simbiótico de constante desarrollo a lo largo del tiempo.
En suma, importa a este trabajo afirmar la importancia de someter a examen toda aquella institución que conforme un costo de transacción pasible de remoción o de reducción para así permitir que los mismos agentes económicos (inversores empresariales en nuestro caso) desarrollen actividades mercantiles de envergadura e importancia social por sus efectos benéficos sobre el resto de la comunidad.
En este escenario institucional podemos encontrar normas de distinta índole y naturaleza afectando inversiones concretas pero, debido a que se generan costos de transacción sumamente elevados, las mismas se tornan inviables o simplemente difíciles de encarar.
Así las cosas, encontramos costos de transacción ya sea en el precio de los peajes que debe costear un transportista al momento de la distribución de un producto, las frecuencias de los servicios prestados por las compañías aéreas, el estado general de los caminos y carreteras existentes, etc. Todos estos costos son generados por distorsiones en la estructura jurídica e institucional ya sea por falta de normas o por ineficacia de las mismas.
III. El incumplimiento de la ley y sus consecuencias en las inversiones
Un gran costo de transacción, y frecuentemente olvidado por la opinión en general, está determinado por el incumplimiento precisamente de la ley. El no apego a cumplir la norma establecida se traduce en muchos casos en un costo inmenso de transacción, generando la imposibilidad de llevar a cabo innumerables inversiones.
El incumplimiento legal en forma continua es un claro signo de debilidad institucional de la sociedad al poner de manifiesto las fallas en los controles y en las herramientas jurisdiccionales pertinentes. La falta del respeto exigido al imperio de la ley, cuando ella se manifiesta de forma permanente, nos da una idea a las claras de que algo está fallando en nuestro Estado de Derecho. Algo no huele bien.
Los mecanismos de control son fundamentales en todo ordenamiento jurídico, debiéndose punir el incumplimiento normativo correspondiente. La famosa “tolerancia cero” no significa una mayor e innecesaria brutalidad policial sino falta de permisibilidad a la hora de enfrentarse con transgresiones de cualquier tipo y naturaleza. El menor de los actos ilícitos tiene su pena, su corrección.
Por ello es que cuando el apartarse de lo establecido por la norma se torna general y común, los costos de transacción derivados de esta actitud pueden ser enormes en el cuerpo de una economía como la nuestra. Cuando las costumbres “contra legem” son la norma en el comportamiento social, no podemos esperar que los capitales acudan en nuestro auxilio ni que las transacciones económicas se encuentren en un grado superlativo de desarrollo.
Pero ¿como puede ser que simples faltas cometidas en lo dispuesto por algún texto legal por personas comunes que no guardan relación con actividades mercantiles involucradas puedan generar tanto efecto externo negativo al punto de cancelar inversiones de grandes sumas de capitales en proyectos de diversa índole? ¿O acaso no son excluyentes, a la hora de evaluar desembolsos de dinero, las opiniones de los índices mas utilizados en materia económica como el ser inflación, desempleo, etc?
Para contestar a demasiado desafío argumental, basta con un juego de imaginación: trate de verse a usted como un inversor nacional o extranjero con deseos de invertir en un proyecto de su agrado para así obtener beneficios acordes con el riesgo implicado en la operación.
Ahora bien, usted acude a un asesor de negocios que le pintará el siguiente cuadro:
las calles de las ciudades son frecuentemente interrumpidas por manifestaciones de individuos que rara vez comprenden el verdadero motivo de su presencia ni del requerimiento efectuado en semejante movilización. Aún así la impunidad con que cuentan estos grupos, inclusive armados con palos, es de tal magnitud que permite que el contenido de sus actos sea un verdadero abanico de temas, como el ser un seguro de desempleo universal, la libertad de presos políticos hasta el pedido del retiro de tropas extranjeras en un país también extranjero. Todo por el mismo precio.
A fin de establecer una actividad comercial deben realizarse no sólo infinidad de trámites burocráticos sino que hay que echar mano a “regalos de naturaleza pecuniaria” a funcionarios y empleados para que las solicitudes presentadas tengan acogida favorable o las mismas se generen de forma más expedita.
Usted no puede establecer un precio a su producto o servicio que implique una contravención a la política inflacionaria del gobierno, aún cuando de su tabla de costos surja que el precio en cuestión tiene una explicación contable. Nada de eso. Usted cumple un servicio a la comunidad y al gobierno de turno. Máxime si se encuentra el país en plena ebullición electoral.
El sistema tributario está estructurado de tal forma que usted queda librado a abonar aquellos impuestos que al Poder Ejecutivo se le haga imperioso establecer, aún en clara contravención del principio de legalidad en materia tributaria. Por ello su estructura de costos puede cambiar del día a la mañana con sólo variar el humor gubernamental y las arcas públicas.
Si la cadena de pagos ha sido interrumpida por documentos comerciales impagos, usted puede recurrir a la justicia para hacer valer sus derechos. Claro, si está dispuesto a esperar dos años por un resultado incierto, en oposición al principio de celeridad en materia procesal.
No debe dejar de tener en cuenta que el país ha tenido una política claramente pro deudora, debiendo tener especial énfasis y cuidado a quien vende su producto y/o servicio en crédito a largo plazo. Ello, violando el principio de que los contratos son realizados para ser cumplidos.
Sin generar aburrimiento en usted, inversor, y teniendo en cuenta que tengo otros clientes a quien asesorar, le hago la siguiente pregunta: ¿tiene todavía voluntad en invertir en ese negocio tan atractivo para usted como para la economía en su conjunto?
[1] Ronald Coase, “The problem of social cost”, The Journal of Law and Economics” (Octubre 1960)
[2] José María Dagnino Pastore, “Panorama de la nueva economía institucional (NIE)” –- 2002
[3] North, “Institutions, institutional change and economic performance”, Cambridge University Press, 1990
Hace ya casi sesenta años, Ronald Coase revolucionaría el análisis económico del derecho al afirmar que, en la medida que los costos de transacción sean bajos o inexistentes y que los derechos de propiedad están claramente establecidos, se producirá una reasignación de estos derechos hacia aquellos que los valoran mas y nos acercaremos a una solución económica eficiente[1].
Aunque el llamado Teorema de Coase fue propuesto esencialmente para desmitificar las soluciones judiciales a externalidades producidas por los agentes económicos, el mismo ha servido para sentar las bases, en mi punto de vista, de la importancia del clima institucional de una sociedad dada a la hora de permitir el arreglo entre privados de problemas de carácter económico, sin recurrir a intromisiones estatales de ningún tipo.
Lamentablemente el Teorema es una utopía en la mayoría de los países del mundo atento que encontramos que en cada uno de ellos los costos de transacción no solo no son inexistentes sino que en muchos casos ellos son altísimos e incluso infinitos.
¿Pero que son los costos de transacción? No son otra cosa que el termómetro que nos permite evaluar el grado de desarrollo institucional que una sociedad ha adquirido en un momento y lugar determinados. Son las instituciones hechas efectos sobre los agentes económicos y sus intenciones de desenvolvimiento.
No debemos olvidarnos que la transacción, desde el punto de vista de la escuela institucional del análisis económico del derecho, es un elemento fundamental del proceso económico, y significa ni más ni menos que la voluntad ejercida por el individuo en pos de procurar sus objetivos particulares.
Es así que costos de transacción encontraremos siempre en todo momento y en todo lugar donde se generen actividades económicas y donde se establezcan mercados en los cuales la oferta y la demanda de bienes y servicios se encuentren en pos de beneficios propios. No es real la transacción libre de costos tanto en su elaboración, en su concreción y en su seguimiento, sino que todo trato comercial lleva consigo costos que pueden ser afrontados y en otros casos no. Dependerá, como veremos, de las instituciones existentes en la sociedad.
II. Las instituciones y los costos de transacción
Por ello es que las instituciones, que pueden verse como un “conjunto de normas”[2], son de vital importancia al momento de procurar el desarrollo de nuevas actividades mercantiles o simplemente en el armado de espacios de encuentro social para la concreción de fines determinados. No son otra cosa que las reglas del juego en una sociedad[3], son las limitaciones ideadas justamente por los representantes del pueblo mediante los órganos facultados para ello.
Las instituciones, por ende, reducen la incertidumbre de cada agente económico a la hora de evaluar la concreción de una inversión, de una compra o de cualquier acto de signifique un gasto o una pérdida monetaria.
En este sentido no podemos menos que afirmar que el ambiente institucional condiciona la actividad económica. Ello es así pues el marco institucional de una sociedad dada genera incentivos a los agentes económicos acordes con el grado de desarrollo de las instituciones pertinentes.
Por ello es que decimos que las instituciones condicionan la actividad económica de los individuos y de las empresas a la par que la misma actividad económica realimenta la necesidad de replantearse cambios en la estructura institucional de la sociedad. Es un juego simbiótico de constante desarrollo a lo largo del tiempo.
En suma, importa a este trabajo afirmar la importancia de someter a examen toda aquella institución que conforme un costo de transacción pasible de remoción o de reducción para así permitir que los mismos agentes económicos (inversores empresariales en nuestro caso) desarrollen actividades mercantiles de envergadura e importancia social por sus efectos benéficos sobre el resto de la comunidad.
En este escenario institucional podemos encontrar normas de distinta índole y naturaleza afectando inversiones concretas pero, debido a que se generan costos de transacción sumamente elevados, las mismas se tornan inviables o simplemente difíciles de encarar.
Así las cosas, encontramos costos de transacción ya sea en el precio de los peajes que debe costear un transportista al momento de la distribución de un producto, las frecuencias de los servicios prestados por las compañías aéreas, el estado general de los caminos y carreteras existentes, etc. Todos estos costos son generados por distorsiones en la estructura jurídica e institucional ya sea por falta de normas o por ineficacia de las mismas.
III. El incumplimiento de la ley y sus consecuencias en las inversiones
Un gran costo de transacción, y frecuentemente olvidado por la opinión en general, está determinado por el incumplimiento precisamente de la ley. El no apego a cumplir la norma establecida se traduce en muchos casos en un costo inmenso de transacción, generando la imposibilidad de llevar a cabo innumerables inversiones.
El incumplimiento legal en forma continua es un claro signo de debilidad institucional de la sociedad al poner de manifiesto las fallas en los controles y en las herramientas jurisdiccionales pertinentes. La falta del respeto exigido al imperio de la ley, cuando ella se manifiesta de forma permanente, nos da una idea a las claras de que algo está fallando en nuestro Estado de Derecho. Algo no huele bien.
Los mecanismos de control son fundamentales en todo ordenamiento jurídico, debiéndose punir el incumplimiento normativo correspondiente. La famosa “tolerancia cero” no significa una mayor e innecesaria brutalidad policial sino falta de permisibilidad a la hora de enfrentarse con transgresiones de cualquier tipo y naturaleza. El menor de los actos ilícitos tiene su pena, su corrección.
Por ello es que cuando el apartarse de lo establecido por la norma se torna general y común, los costos de transacción derivados de esta actitud pueden ser enormes en el cuerpo de una economía como la nuestra. Cuando las costumbres “contra legem” son la norma en el comportamiento social, no podemos esperar que los capitales acudan en nuestro auxilio ni que las transacciones económicas se encuentren en un grado superlativo de desarrollo.
Pero ¿como puede ser que simples faltas cometidas en lo dispuesto por algún texto legal por personas comunes que no guardan relación con actividades mercantiles involucradas puedan generar tanto efecto externo negativo al punto de cancelar inversiones de grandes sumas de capitales en proyectos de diversa índole? ¿O acaso no son excluyentes, a la hora de evaluar desembolsos de dinero, las opiniones de los índices mas utilizados en materia económica como el ser inflación, desempleo, etc?
Para contestar a demasiado desafío argumental, basta con un juego de imaginación: trate de verse a usted como un inversor nacional o extranjero con deseos de invertir en un proyecto de su agrado para así obtener beneficios acordes con el riesgo implicado en la operación.
Ahora bien, usted acude a un asesor de negocios que le pintará el siguiente cuadro:
las calles de las ciudades son frecuentemente interrumpidas por manifestaciones de individuos que rara vez comprenden el verdadero motivo de su presencia ni del requerimiento efectuado en semejante movilización. Aún así la impunidad con que cuentan estos grupos, inclusive armados con palos, es de tal magnitud que permite que el contenido de sus actos sea un verdadero abanico de temas, como el ser un seguro de desempleo universal, la libertad de presos políticos hasta el pedido del retiro de tropas extranjeras en un país también extranjero. Todo por el mismo precio.
A fin de establecer una actividad comercial deben realizarse no sólo infinidad de trámites burocráticos sino que hay que echar mano a “regalos de naturaleza pecuniaria” a funcionarios y empleados para que las solicitudes presentadas tengan acogida favorable o las mismas se generen de forma más expedita.
Usted no puede establecer un precio a su producto o servicio que implique una contravención a la política inflacionaria del gobierno, aún cuando de su tabla de costos surja que el precio en cuestión tiene una explicación contable. Nada de eso. Usted cumple un servicio a la comunidad y al gobierno de turno. Máxime si se encuentra el país en plena ebullición electoral.
El sistema tributario está estructurado de tal forma que usted queda librado a abonar aquellos impuestos que al Poder Ejecutivo se le haga imperioso establecer, aún en clara contravención del principio de legalidad en materia tributaria. Por ello su estructura de costos puede cambiar del día a la mañana con sólo variar el humor gubernamental y las arcas públicas.
Si la cadena de pagos ha sido interrumpida por documentos comerciales impagos, usted puede recurrir a la justicia para hacer valer sus derechos. Claro, si está dispuesto a esperar dos años por un resultado incierto, en oposición al principio de celeridad en materia procesal.
No debe dejar de tener en cuenta que el país ha tenido una política claramente pro deudora, debiendo tener especial énfasis y cuidado a quien vende su producto y/o servicio en crédito a largo plazo. Ello, violando el principio de que los contratos son realizados para ser cumplidos.
Sin generar aburrimiento en usted, inversor, y teniendo en cuenta que tengo otros clientes a quien asesorar, le hago la siguiente pregunta: ¿tiene todavía voluntad en invertir en ese negocio tan atractivo para usted como para la economía en su conjunto?
[1] Ronald Coase, “The problem of social cost”, The Journal of Law and Economics” (Octubre 1960)
[2] José María Dagnino Pastore, “Panorama de la nueva economía institucional (NIE)” –- 2002
[3] North, “Institutions, institutional change and economic performance”, Cambridge University Press, 1990
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